Así lo expresa la Audiencia Nacional en su memoria anual correspondiente al año 2007, que ha sido dada a conocer hoy, y en la que afirma que es este órgano jurídico el más idóneo para conocer los casos de inmigración ilegal por su capacidad y probada eficacia.

La memoria señala que en 2007, año en el que se ha cumplido el 30 aniversario de su creación, la Audiencia Nacional "ha podido terminar con sentencias los casos penales más transcendentes y de mayor proyección social", como fueron el caso del 11-M o el "caso Ekin".

En este sentido, asegura que sólo a un tribunal de las características de la Audiencia Nacional, con "los medios personales y técnicos suficientes", se le puede encomendar la tramitación de casos como los citados "con probabilidades de éxito y para su terminación en un plazo razonable".

Por esta razón, considera que deberían aprovecharse las citadas "potencialidades" para someter a la jurisdicción de la Audiencia Nacional "otras materias de gran repercusión social e indudable fuerza criminógena, como la inmigración ilegal y las organizaciones mafiosas que la producen".

La Audiencia Nacional argumenta, además, que el fenómeno de la inmigración ilegal "afecta a todo el territorio español, independientemente de cual sea el punto de entrada", por lo que su conocimiento debería corresponder a un órgano con jurisdicción sobre todo el territorio nacional.

Por el contrario, en la memoria anual de este órgano jurídico se asegura que la capacidad de la Audiencia Nacional "se ha revelado insuficiente a la hora de investigar casos de genocidio en otros países", sobre todo si estos "no afectan a personas e intereses de españoles".

De hecho, en muchas de la causas que se instruyen por genocidios en terceros países, como es el caso de China, Ruanda, Guatemala o Chile, la investigación judicial de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional se encuentra prácticamente en dique seco.

NIVELES HISTÓRICOS

Más allá de estas cuestiones, la memoria de la Audiencia Nacional correspondiente al año 2007 destaca que este órgano jurídico superó en el citado año "el listón de productividad histórico".

El documento, de 135 páginas, señala que la Sala de lo Penal, a pesar del lastre que supuso la celebración del macrojuicio por los atentados del 11-M, dictó 283 sentencias, resolvió 674 ordenes europeas de detención y atendió 1.817 apelaciones.

En cuanto a los juzgados de instrucción, la memoria considera que su funcionamiento en 2007 "ha sido el esperado, pues continúan desarrollando su cometido en consonancia con la línea mantenida en los últimos años pesa al constante y progresivo aumento de trabajo en estos órganos".

Según los datos recogidos en este informe, los juzgados de instrucción resolvieron en 2007 2.898 de los 3.025 asuntos que entraron, a pesar de "las carencias" materiales de estos órganos, tal y como señala la memoria, sobre todo "en cuanto al archivo de documentos y piezas de convicción, las guardias, el sistema informático y la movivilidad de los funcionarios".

Además, la memoria subraya la labor de la Oficina de Atención a las Víctimas, que intervinó en 2007 en 265 casos, así como del Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional que, en su cuarto año de funcionamiento, ha sabido transmitir "una imagen positiva, moderna y eficaz de la Justicia española".