La sentencia de la Audiencia Nacional, que fue dictada el pasado día 21, recuerda y enumera los procesos de crisis y reestructuración vividos por esta empresa, así como la suspensión de pagos y el rechazo que la Dirección General de Trabajo hizo de la primera impugnación del acuerdo citado.

Además, acredia la capacidad de UGT y CCOO para firmar el acuerdo al afirmar que "los sindicatos de mayor implantación que a su vez y de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ostentan la representación de todos los trabajadores así como la de los pensionistas afectados".

Estos sindicatos, UGT y CCOO han valorado el acuerdo que se alcanzó en su día como "una solución al grave problema de los pasivos, permitiendo dedicar a ello 15.000 millones de pesetas".