Estos comercializadores están representados por la Asociación Para la Salud Animal (Asemaz-Asa), que agrupa al 85% de sus establecimientos.

Según el auto, dado a conocer hoy por Asemaz-Asa, "queda acreditado que los productos zoosanitarios que se suministran siempre se hacen con previa expedición de la correspondiente receta y con conocimiento veterinario", por lo que "en definitiva, el riesgo para la salud pública no deriva de quien vende el producto, sino de la administración controlada de los mismos a la cabaña ganadera".

La Audiencia Nacional sobreseyó en 2002 la querella que interpuso la FEPE en 1999, la cual imputó a más de 40 empresas y establecimientos presuntos delitos contra la salud pública y uno conexo de intrusismo.

No obstante, la FEPE recurrió a la Sala, que determinó la reapertura del caso con la instrucción de nuevas diligencias y pruebas periciales. En 2004, la Audiencia Nacional dictó el sobreseimiento libre y absoluto de la querella, a lo que la Federación de Farmacéuticos presentó el correspondiente recurso.

Ahora, en esta sentencia definitiva, ante la que ya no cabe recurso, la Audiencia indica que "tras el detenido examen y la valoración de las diligencias practicadas en autos, no cabe inferir indicio alguno de criminalidad en la actuación de los querellados".

El auto confirma que la comercialización de medicamentos con destino animal no es competencia exclusiva de las farmacias, pudiendo efectuar dicha actividad, además, los establecimientos comerciales detallistas en un mercado completamente liberalizado.

Según Asemaz-Asa, "la presencia profesional y responsable del colectivo veterinario y la progresiva profesionalización de los ganaderos ha favorecido un eficiente desarrollo de este mercado, traducido en menores costes para el producto final: el medicamento para los animales".