Con esta decisión, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presididos por el juez Alfonso Guevara, revocan la decisión de Pedraz de no admitir a trámite la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia contra Ruiz de Azúa, al que acusan de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la víctimas.

En concreto, en la querella presentada por Dignidad y Justicia el pasado mes de enero, la asociación acusaba al alcalde de Arrigorriaga, no de haber dado el nombre de "Argala" a la plaza del ayuntamiento, ya que esa decisión fue tomada por el consistorio en 1978, si no de mantener dicha designación.

El etarra "Argala" murió en Anglet (Francia) en 1978 como consecuencia de la explosión de la bomba colocada en los bajos de su coche por el Batallón Vasco Español.

Al rechazar la admisión a trámite de la querella de Dignidad y Justicia, Pedraz, en consonancia con las tesis de la Fiscalía, aseguró que "los hechos a los que se refiere la querella no pueden constituir delito" y señaló que, en todo caso, para la retirada de la placa con el nombre del etarra 'Argala', "la jurisdicción administrativa y no la penal es la competente".

En contra de esta argumentación, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal asegura que "no es la mera competencia administrativa o jurisdiccional penal la cuestión que aquí deba plantearse" y añaden que "los hechos objeto de la querella ostentan una aparente significación penal".

Además, los magistrados de la Sala de lo Penal señalan que, "naturalmente", la colocación en un lugar público de un placa dedicada a un etarra "tiene por finalidad enlatecer, ensalzar u homenajear a dicha persona", aunque no se pronuncia sobre la posible responsabilidad penal derivada no ya de colocar la placa, sino de mantenerla, tal y como hizo el alcalde Ruiz de Azúa.

En contra de los argumentos expuestos por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el pasado 8 de mayo el juez Ismael Moreno decidió no admitir a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia contra el alcalde de la localidad vizcaína de Amorebieta, David Latxaga, del PNV, acusado por esta asociación de un delito de terrorismo por negarse a retirar el nombre de dos etarras de sendas calles de la localidad.