Se trata de la primera sentencia judicial en la que una asociación ecologista obtiene una victoria legal para garantizar el derecho a la libertad de acceso a la información.

En 1988, Aedenat denunció que estas instalaciones almacenaban residuos provenientes de centrales nucleares para lo cual no estaba licenciada, ya que posee autorización como "instalación radiactiva" y no como "instalación nuclear".

Con el fin de pobar dicha ilegalidad los ecologistas solicitaron tres resoluciones de la Dirección General de la Energía y una Orden del Ministerio.

La Dirección General contestó negativamente a la petición de información argumentando que Aedenat no tenía un interés directo en el asunto y que Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), aunque empresa pública, era una entidad mercantil con forma de Sociedad Anónima.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, después de cuatro años, la Audiencia Nacioal ha dado la razón a los ecologistas señalando que la naturaleza mercantil de Enresa es indiferente a estos efectos y que todos "los actos administrativos, mientras no participen de secretos de Estado o de materia reservada, deben gozar de la publicidad necesaria para conocimiento de los ciudadanos...", dice el texto de la sentencia.

A juicio de Aedenat, la información contenida en dichas resoluciones y órdenes prueba de manera concluyente que las instalaciones de "El Cabril" no pueden recibir residus radiactivos provenientes de centrales nucleares y que tanto Enresa, que los transportó , como el Ministerio de Industria, que lo autorizó, incurrieron en evidente ilegalidad.

Aedenat espera la sentencia de otro contencioso contra dichas instituciones, que viene tramitándose desde las mismas fechas.

En cualquier caso, por la actual sentencia y por la Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de Medio Ambiente, los ecologistas podrán exigir información amparados ampliamente dsde al punto de vista jurídico.