La Fiscalía acusa a Domingo de un delito de alteración de la paternidad y pide para él una pena de dos años y seis meses de prisión así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad por un periodo de siete años.

Según el relato de los hechos realizado por la Fiscalía, el acusado se desplazó a Montevideo, la capital uruguaya, el 25 de julio de 2005.

Ese mismo día, Domingo aseguró ante el Registro Civil de la capital uruguaya ser el padre natural del niño, aportando como domicilio un apartamento alquilado en Montevideo.

Los 27.000 pesos uruguayos (cerca de 800 euros) pagados en concepto de alquiler del apartamento fueron en realidad entregados a la madre del niño.

Una vez efectuado el trámite del registro, el inculpado solicitó en el Registro Civil del consulado de España en Montevideo la transcripción literal de la partida de nacimiento del niño, para poder así darle la nacionalidad española y sacarlo del país.

El 4 de agosto, el acusado regresó a Madrid con el niño. Antes de abandonar el aeropuerto de Montevideo, entregó a la madre del niño otros 4.000 pesos (120 euros).

Además, la madre recibió de Domingo otros 35.000 pesos (1.050 euros) en varios pagos. En total, el acusado entregó a la madre 1.970 euros por el niño.

El dinero fue destinado "a la compra de materiales para la construcción de una vivienda" ya que la madre "vivía en una condición social y económica de pobreza y se encontraba desempleada.

El 27 de septiembre de 2004, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales había calificado a Pedro José como "no idóneo" para la adopción de un menor en Rusia.

Fue el Cónsul de España en Montevideo el que presentó, el 4 de agosto de 2005, una denuncia ante las autoridades uruguayas por el presunto reconocimiento fraudulento del niño.