La primera de las vistas se celebrará mañana contra María Jesús Romero Vega, por el asesinato del empresario Claudio San Martín en mayo de 1988, en La Coruña, por el que el fiscal pide 30 años de reclusión mayor para la procesada.

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, la acusada, junto a otros dos miembros de los Grapo, decidieron atentar contra el empresario porque se negaba a pagar una fuerte suma de dinero a la banda armada.

A las 14,45 horas del 27 de mao de 1988, los tres "grapos" se dirigieron al domicilio de San Martín con la excusa de entregar unas flores.

La mujer del empresario, María del Carmen Corredoira, abrió la puerta y al observar que los tres individuos llevaban armas e intentaban entrar en su casa comenzó a gritar. San Martín acudió en auxilio de su mujer, momento que aprovecharon los terroristas para dispararle, causándole la muerte inmediata.

María Jesús Romero será juzgada nuevamente el jueves 14 junto a su compañero Guillermo Vzquez Bautista por atentar contra el coronel Marcos Arnau en diciembre de 1989.

Según el escrito de calificaciones del fiscal, los dos procesados se desplazaron hasta Valencia con la intención de matar al coronel, "para llamar la atención de los medios de comunicación sobre la huelga de hambre que llevaban a cabo los internos de la misma banda armada en centros penitenciarios".

El 15 de diciembre por la mañana esperaron al militar ante el portal de su casa y antes de que pudiera acercarse al vehíulo oficial, Guillermo Vázquez desenfundó su pistola, mientras María Jesús Romero amenazaba al conductor, Jorge Mir Mayor.

El coronel observó este movimiento e intentó protegerse tras unos coches, pero el procesado le persiguió y disparó dos veces, alcanzándole el primer impacto en el tórax y el segundo en la cabeza.

La víctima sufrió múltiples lesiones, de las que tardó en curar 328 días, pero todavía le quedan numerosas secuelas, por las que se encuentra incapacitado "de manera permanente y absluta".

El fiscal estima que los hechos constituyen un delito de atentado, con la agravante de premeditación, por el que pide 30 años de reclusión mayor.

Por último, el viernes 15 la Audiencia Nacional juzgará a Lucio García Blanco -condenado ya como autor de varias acciones reivindicadas por los Grapo- por un delito de falsificación de documento público y otro de pertenencia a banda armada, por los que el fiscal pide penas que suman 9 años y 6 meses de prisión.

García Blanco fue detenido porla policía en Oviedo el 12 de abril de 1990, tras intentar darse a la fuga. Antes de ser retenido, el procesado entregó a los agentes un falso carné de identidad a nombre de Recaredo Magadán Abella para identificarse.

Según el ministerio público, el acusado es un miembro histórico del PCR en su rama de acción, que desde 1977 desarrolló acciones de carácter violento para la organización terrorista, por las que fue condenado.

Con posterioridad, siguiendo instrucciones de la citada organización, pas a la clandestinidad, para encargarse de labores de propaganda y captación, hechos por los que también fue condenado en febrero 1986. Tras cumplir condena pasó nuevamente a la clandestinidad hasta el momento de su detención.