Así, además de Ibarra, en el banquillo de los acusados se sentarán también los ex altos cargos de la entidad Juan Urrutia Elejalde, José María Concejo Alvárez, Luis Javier Bastida Ibargüen y Rodolfo Esteban Molinuevo.

Fue el 29 de marzo de 2004 cuando el juez instructor del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dictó el auto de apertura de juicio oral contra Ibarra y cuatro colaboradores suyos.

Este juicio estaba previsto para el pasado 4 de abril, pero tuvo que aplazarse debido a la carga de trabajo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

APROPIACIÓN INDEBIDA

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero, solicitó en su escrito de acusación cuatro años de cárcel para el ex presidente del BBV Emilio Ybarra por su implicación en este caso y por un presunto delito de apropiación indebida.

Además, pidió tres años de cárcel para Juan Urrutia Elejalde, otros tres para José María Concejo Alvarez, así como dos años y medio tanto para Luis Javier Bastida Ibargüen como para Rodolfo Esteban Molinuevo.

El fiscal considera que los cinco son responsables de un delito de apropiación indebida, si bien Concejo, Bastida y Molinuevo deben responder sólo en calidad de cooperadores necesarios.

Además, el fiscal solicitó el interrogatorio durante el juicio de los acusados y también de hasta 22 testigos relacionados con el "caso BBV", entre los que están el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y el actual presidente del BBVA, Francisco González.

Según el fiscal, tras acordarse la fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, ambas entidades fijaron un periodo transitorio para adaptarse a la nueva situación.

"En esa línea integradora y de armonización, los respectivos consejos de administración pactaron nombrar 19 consejeros del BBV y 14 consejeros de Argentaria, quienes formarían el Consejo de Administración", dice el fiscal.

La operación acarreaba los correspondientes ajustes propios de una fusión empresarial, uno de los cuales implicaba que el presidente y los consejeros del BBV fueran a percibir unas retribuciones sensiblemente inferiores a la que venían cobrando antes de la fusión con Argentaria.

Los afectados expresaron su disgusto a Emilio Ibarra, quien se comprometió a buscar una solución. Así, decidió constituir en su favor en el de otras personas sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada como fondos de inversión por la firma American Life Insurrance Co (ALICO) de Wilmigton (EEUU), con la que cada uno de ellos firmó el correspondiente contratode gestión discrecional de carteras de inversión.

DESLEAL

Ibarra actuó en su calidad de copresidente del BBVA, "faltando a la lealtad debida a la nueva compañía surgida de la fusión" y a los acuerdos a los que habían llegado ambas entidades.

Según el fiscal, de los 19.244.187 de dólares desviados del patrimonio del BBVA, Ibarra se hizo con 2.982.558 y contó con la ayuda de Urrutia Elejalde, miembro de la Comisión de Retribuciones.

Asimismo, sostiene que en el primer trimestre de 2000, Ibarra ordenó a Concejo Alvarez que articulara jurídicamente las compensaciones diseñadas.

Concejo cumplió el encargo, "pese a saber que contravenía abiertamente el acuerdo de fusión y puesto que había obtenido el beneplácito de Ibarra para embolsarse 465.166 dólares".

Con el fin de que la operación no fuera detectada por los nuevos departamentos de control y auditoría del BBVA, las citadas cantidades de dinero se distrajeron de fondos no contabilizados, "cuya existencia era bien conocida por el acusado Ibarra desde que se constituyeran en el año 1987".

Tales fondos habían sido gestionados y mantenidos fuera de la contabilidad del banco desde ese año por Ibarra a través de dos estructuras, una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y otra en Jersey. Esta última fue la elegida para proveer a la constitución de los productos financieros en Alico, en beneficio de los acusados.

Para llevar a cabo la operación, Ibarra contó con la colaboración de Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo, que eran titulares de las cuentas en las que permanecían depositados los fondos no contabilizados.

El fiscal apunta en su escrito que el actual presidente del BBVA, Francisco González, "fue casualmente informado de la existencia de pagos indebidos a consejeros procedentes de BBV".

Garzón concluyó la investigación de esta parte del denominado "caso BBV" el 10 de enero de 2003, cuando decretó la imputación de estas cinco personas y el sobreseimiento libre y archivo de la causa que afectaba a otras 20 personas que se encontraban imputadas.