Los progenitores, Yusupha D.D. y su esposa Fatou J.D., están acusados del delito de mutilación con la agravante de parentesco. Los dos viajaron a Gambia con dos de sus hijas y dejaron a la pequeña con la abuela materna antes de regresar a España.

Antes de partir, pidieron a un familiar que se le practicara a la niña una mutilación genital de grado III, consistente en la extirpación total del clítoris y de los labios mayores y menores, operación clandestina que le fue practicada en algún momento sin determinar del mes de septiembre.

Los hechos fueron detectados por los servicios sociales del Cap Mutua de Rubí (Barcelona), seis años después, durante una revisión pediátrica y se puso en conocimiento de Mossos D´Esquadra. Las lesiones quedaron certificadas por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Barcelona, que en su informe refieren las secuelas de estas operaciones en el plano psicológico y fisiológico.

La Audiencia Nacional dictó una primera condena a dos años de prisión por una ablación realizada fuera de España en 2013 y que también fue detectada en una revisión médica. La Fiscalía pidió entonces siete años de cárcel para la madre, que fueron rebajados a dos porque la mujer argumentó que no sabía que la ablación era delito en España.