El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso acusa a Silva de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de muerte y de asesinato, y pide para él un total de 60 años de prisión.

El escrito del fiscal señala que, en el año 1989, Silva Sande era el jefe de un comando de los Grapo en el que se integraban Guillermo Vázquez Bautista y María Jesús Romero, ya condenados por estos hechos, así como Isabel Santamaría, fallecida en 1993.

En el mes de diciembre de 1989, el acusado y los tres miembros de su comando se desplazaron a Gijón con la intención de matar a dos agentes de la Guardia Civil que prestaban servicio en la Delegación de Hacienda de la ciudad.

El 28 de diciembre, y siguiendo el plan concebido por Silva, los cuatro terroristas se dirigieron a la sede de la Delegación de Hacienda. Mientras Romero y Santamaría vigilaban en el exterior, Vázquez y Silva entraron en la oficina y se dirigieron a la caseta de seguridad.

El acusado disparó a los dos guardias civiles y Vázquez Bautista los remató cuando se encontraban en el suelo. Antes de huir, los etarras robaron las armas reglamentarias de los agentes.

Además de los 60 años de prisión, el fiscal pide que Silva Sande indemnice a los herederos de los dos agentes asesinados con 250.000 euros.