La iscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el empresario Benedicto Alfaro Ruiz y otros tantos para su hija Carmen Alfaro Heras, a quienes acusa de los presuntos delitos continuados de estafa y de falsedad en documento mercantil.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción sólo persigue a Benedicto Alfaro y a su hija Carmen, en el banquillo de los acusados se sentará también Juan Luis Aguirre Asensio, presidente de Tivsa en el momento de los hechos. Las defensas pedirán su libre absolución.

Para oy, mañana, el jueves y el viernes está previsto que declaren los imputados, mientras que del 14 al 23 de abril se llevará a cabo la prueba testifical. Ante el tribunal deben desfilar 112 testigos y 12 peritos.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción considera probado que en 1988 Benedicto Alfaro dirigía, asesorado por su hija Carmen, el denominado "Grupo Alfaro", que en aquella época se encontraba en una "situación económica de liquidez próxima a la insolvencia defiitiva", lo que le llevó a solicitar un préstamo a Baltasar Egea García.

Este hombre dedicaba su actividad profesional como "broker" a la intermediación financiera, captando fondos de clientes particulares y colocándolos en diferentes inversiones y productos financieros. "Las inversiones 'opacas' que ofrecía eran en ocasiones arriesgadas, pero a cambio su rentabilidad era superior a la habitual en el mercado y además no tributaban", dice la Fiscalía.

Egea concedió al empresario la financiación querequería. Según el fiscal, "los préstamos, en dinero efectivo, se fueron realizando con fondos fiscalmente no declarados, razón por la que no eran documentados en contrato alguno, y, como garantía de la devolución, Benedicto Alfaro aceptaba letras de cambio o pagarés".

Sin embargo, en julio de 1992 la situación financiera del grupo empresarial Alfaro llegó a ser crítica. "En octubre dejaron de pagarse las nóminas, se carecía absolutamente de liquidez, y en la primera mitad de 1993 debían atenderse comromisos con las entidades de crédito superiores a los 3.000 millones de pesetas, además de otros 7.000 millones de deudas, para los que Alfaro carecía de fondos disponibles", señala Anticorrupción.

FIRMAS FALSAS

Para remediar esta situación, Alfaro y su hija decidieron falsear las firmas de las letras de cambio. Aparentemente, estaban rubricadas por padre e hija, cuando en realidad la conformidad la daba una persona distinta, no identificada y puesta de acuerdo con estos dos acusados.

Egea, ajeo a la manipulación, distribuyó las letras falsificadas a sus clientes, pero cuando los efectos comerciales fueron venciendo, los Alfaro comenzaron a quejarse de su falsedad y se negaron a pagarlas.

"Conocida por Egea la estratagema y la insolvencia de los Alfaro, que determinaba necesariamente la suya propia, en la noche del 3 al 4 de mayo de 1993 se suicidó, después de quitar la vida a su esposa y a su hijo", dice el fiscal.

Según Anticorrupción, en la fecha de su defunción los Alfaro debían a gea 420 millones en letras legítimas en circulación pendientes de vencimiento, que no habían tenido ocasión de sustituir por otras falsas, y no menos de 1.400 millones de pesetas mediante letras falsificadas.

Para la Fiscalía, los hechos descritos son constitutivos de dos delitos continuados, uno de estafa y otro de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, por lo que pide un total de 9 años para Benedicto Alfaro y otros tantos para su hija Carmen.

Asimismo, exige que indemnicenlos 126 perjudicados en este caso, cuya investigación fue concluida por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, en noviembre de 1999.

El caso surgió a finales de 1993, a raíz de una querella interpuesta por la sociedad de valores y bolsa CAB, en la que trabajaba el "broker" Baltasar Egea, quien acusó a Alfaro de provocar su quiebra en dos cartas remitidas al juzgado, antes de suicidarse tras matar a su mujer e hijo.