Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que el magistrado ha decidido imputar a estas personas después de admitir a trámite la querella que denunció la muerte de 15 personas, la mayoría niños, debido a un ataque de la aviación israelí que pretendía acabar con la vida del presunto líder de Hamás Salah Shehadeh, que fue llevado a cabo el 22 de julio de 2002.

En el auto hecho público hoy, Andreu destaca que "elataque contra la población civil ya de inicio es ilegítimo, pues el mismo tendría como objeto la comisión de un asesinato", un hecho que España puede perseguir atendiendo "al principio de la jurisdicción universal".

El magistrado considera que el ataque, en el que un caza F-16 lanzó sobre uno de los lugares de mayor densidad de población del mundo, el barrio de Aldaraj de la ciudad de Gaza, una bomba de una tonelada de peso, fue "desproporcionado y excesivo".

En su auto, el juez recuerda que Israel no ha respondido a la comisión rogatoria que dictó en agosto de 2008 solicitando a las autoridades israelíes si los hechos estaban siendo investigados en ese país.