Esta queja tanto de jueces como de secretarios judiciales de Bilbao fue abordada esta mañana por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que acordó remitirla a la Junta de Jueces para tener su opinión antes de adoptar una decisión al respecto, según informaron hoy a Servimedia fuentes judiciales.

Así, tras esta ecisión, el decano de la Audiencia Nacional acordó convocar para mañana a los jueces de ese tribunal para que se pronuncien, a petición de Javier Gómez de Liaño, sobre el escrito de los jueces de Bilbao, adoptado por su junta de jueces el pasado 6 de febrero.

En su escrito, los jueces de Bilbao comunican a la Audiencia Nacional que "en lo sucesivo la cumplimentación de despachos en los que se interesan por los juzgados de dicha audiencia la realización de diligencias tales como numerosas entradas y reistros simultáneos, sólo se practicarán si en el despacho se acredita expresamente que con los recursos del juzgado de guardia central de instrucción y los del turno extraordinadio de guardia no se puden realizar las diligencias que se interesan".

Los jueces de la capital vizcaína indican que consideran que "además de la competencia que corresponde a dichos juzgados, las últimas actuaciones interesadas hacen suponer el abandono de las tareas propias del juzgado de guardia de Bilbao y la necesidad de hbilitar incluso a funcionarios auxiliares".

Añaden que acuerdan, asímismo, solicitar el calendario extraordinario de guardias de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

Este acuerdo de la Junta de Jueces de Bilbao es consecuencia de un escrito de los secretarios judiciales de esa ciudad, quienes se quejaron de que el juez Baltasar Garzón les hubiera solicitado el pasado 15 de enero 16 entradas y registros simultáneas, solicitud que calificaron de "abuso" ya que, a su juici, suponía que el servicio de guardia del juzgado de Bilbao quedase supeditado íntegramente a la práctica de esas diligencias en detrimento de las propias.

Los secretarios judiciales precisaron que su reclamación era únicamente profesional "y sin que la misma pueda entenderse como sustentadora de alguna intencionalidad política, la cual la descartamos de forma categórica", según el escrito remitido a la Audiencia Nacional.