El pasado mes de octubre, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidió transformar en procedimiento abreviado las actuaciones abiertas contra el presidente del SCH, Emilio Botín, Amusátegui y Corcóstegui, en contra de l opinión de la Fiscalía, que había solicitado el archivo del caso.

Sin embargo, la magistrada considera que de los hechos investigados se deduce "la presunta participación o intervención de los imputados en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito de administración desleal".

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emlio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el supuesto perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de acconista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.