Las cuestiones previas se presentan antes de la celebración del juicio oral y hacen referencia a la posible vulneración de los derechos fundamentales de los procesados, así como a los aspectos técnicos irregulares que hubieran podido producirse durante la tramitación de la causa.

El resposable del Juzgado Central de Instrucción númro 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decretó la apertura del juicio oral contra el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil; su hijo Miguel Angel Gil Marín; y el vicepresidente del club, Enrique Cerezo, el pasado mes de octubre.

En su escrito, el juez afirmaba que existen "indicios racionales de criminalidad" que permiten atribuir provisionalmente a Jesús Gil, su hijo Miguel y Enrique Cerezo, la comisión de dos delitos de apropiación indebida, un delito societario y otro de otorgaminto de contrato simulado, los tres últimos con carácter continuado.

En su resolución, el magistrado declaró responsables civiles subsidiarios a las promotoras inmobiliarias Alhambra S.A., Guadiana S.A. y Generalife S.A.; así como a Promociones Futbolísticas S.A., Club Atlético de Madrid S.A.D., Rancho Valedolivas S.A., Myramco S.A. y el Centro de Formación Náyade S.A.

El juez también declaró responsables civiles, "en la medida en que pueda ser afectada su sociedad de gananciales", a las esposas d Jesús Gil y Gil y de Enrique Cerezo.

Así, Jesús Gil y Gil deberá enfrentarse a los 17 años y seis meses de prisión que el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, pide para él. El Ministerio Público solicita 10 años, 6 meses y tres días de cárcel para su hijo Miguel Angel Gil Marín y otros 6 años y un día para Enrique Cerezo, por su gestión presuntamente irregular al frente del club rojiblanco.

Además, solicita que las 236.729 acciones del Club Atlético de Madrid S.A. que posen Jesús Gil y Enrique Cerezo sean "vendidas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor, destinándose el precio obtenido a incorporar el haber social del propio Club Atlético de Madrid S.A.D. como indemnización". Asimismo, pide que estos dos acusados reparen a la entidad con un total de 4.653.383.538 pesetas.

Este caso comenzó el 27 de julio de 1999, cuando el entonces responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió admitir a tráite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Jesús Gil y otras seis personas más por un presunto fraude que la Fiscalía Anticorrupción cifró entonces en 9.427 millones de pesetas.