De esta manera, los magistrados rechazan el recurso que la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe Aérea del Yak- 42 habían presentado contra la decisión de la juez Teresa Palacios.

Dicha asociación había solicitado también la declaración testifical del ex secretario de Estado de Defensa Javier Jiménez Ugarte, petición que también ha sido rechazada por la sala.

A juicio de los magistrados, la declaración testifical debe estar sustentada por "principios de pertinencia y necesidad" que en este caso no se dan.

La Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe Aérea del Yak-42 habían pedido la declaración de Trillo y de Jiménez Ugarte para que explicaran la forma y circunstancias en que se realizó la identificación de los cadáveres, que luego resultó errónea.

Para los magistrados, "independientemente de su responsabilidad en el Ministerio de Defensa", lo cierto es que la identificación de los cadáveres "hubo de concluirse bajo técnicas periciales especificas, al margen siempre del conocimiento y disposición de los anteriores".

A juicio de la sala, "a la citada pretensión parece subyacer otros intereses, cuales son las supuestas responsabilidades en que dichas personas pudiera haber incurrido", circunstancia ésta que "determinaría la impertinencia de la declaración testifical" solicitada".

"Salvo que tratando de instrumentalizarse, se vulnerara el derecho de defensa como manifestación precisa del de tutela judicial efectiva", añade.

El accidente aéreo del Yakovlev-42, que provocó la muerte de 62 militares españoles, ocurrió en Trebisonda (Turquía), el 26 de mayo de 2003. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios es la encargada de investigar este caso.

EL CASO

Fue el 15 de julio de 2004 cuando la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó admitir su competencia para investigar las dos denuncias presentadas por la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42.

Los magistrados revocaron así la decisión tomada en su día por la jueza Teresa Palacios, quien archivó las denuncias por considerar que la Audiencia Nacional no era el tribunal competente para investigar el caso.

Una de las denuncias enumera las supuestas irregularidades relacionadas con el vuelo y pedía que se esclarecieran las circunstancias del trágico accidente.

La otra se dirigió contra Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, los dos generales que participaron en la identificación errónea de los militares fallecidos en el accidente.