Según informó la UPF, esta asociación formuló el pasado 4 de julio una denuncia en los Juzgados de Valencia contra los responsables militares chilenos Augusto Pinochet, Gustavo Leigh, César Mendoza, osé Toribio Merino, Fernando Matthei, Rodolfo Stange y otros, por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la humanidad, cometidos durante la dictadura militar impuesta por las armas en la República de Chile en septiembre de 1973.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, previo informe favorable del ministerio fiscal, ha declarado que la jurisdicción española es competente en esta materia y que, en concreto, la Audiencia Nacional tiene facultad para "conoer de los hechos como constitutivos de un posible delito de genocidio contra Augusto Pinochet y otros".

La UPF denunció el secuestro y desaparición de casi 3.000 ciudadanos chilenos y de otras nacionalidades, con el fin de interrumpir la prescripción de los hechos, por entender que la competencia para la persecución de los delitos calificables como crímenes contra la humanidad no está restringida al país en que los mismos hubieran tenido lugar, sino que la responsabilidad de los autores es frente a lacomunidad internacional, independientemente de la nacionalidad de las víctimas.

La asociación entendió que existían cauces procesales en la legislación española que permitían exigir esa responsabilidad ante nuestros tribunales y que la apertura de ese proceso podría suplir la falta de investigación judicial chilena sobre las desapariciones de ciudadanos españoles.

Para la UPF, la decisión judicial de la Audiencia Nacional otorga una "oportunidad para recibir la tutela judicial efectiva que hasta oy les había sido negada" a las familias de víctimas como Carmelo Soria, Michelle Peña, Joan Alsina, Antoni Llido, Ricardo Lagos, Antonio Elizondo, Elizabeth Rekas o Enrique López.