Fue en la noche del viernes, 20 de enero, cuando la Audiencia Nacional acordó, con carácter de urgencia, paralizar el traslado de dichos papeles a Barcelona, que ya habían salido de Salamanca y que se encuentran en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura.

En un principio, la sala iba a decidir sobre la paralización de dicho envío el lunes 23 de enero, pero la posibilidad de que los documentos reiniciasen su viaje el sábado 21 de enero por la noche llevó al tribunal a adoptar la decisión con carácter de urgencia.

La suspensión del envío de dichos papeles fue solicitada, como "medida cautelarísima", por el Ayuntamiento de Salamanca, en un recurso que presentó el viernes 20 de enero por la mañana en contra de dicho traslado.

El medio millar de cajas que contienen los "papeles de Cataluña", relativos a la Guerra Civil y que se encontraban en el Archivo General de Salamanca, fueron trasladados en un primer momento a Madrid para que fueran examinados por una comisión mixta, formada por la Generalitat y el Ministerio de Cultura.

El martes, 24 de enero, los magistrados de la Audiencia Nacional escucharán las alegaciones del abogado del Estado, en nombre del Ministerio de Cultura, y al letrado del Ayuntamiento de Salamanca, sobre el mantenimiento o no de dicha medida cautelarísima.

CONSTITUCIONAL

El recurso del Ayuntamiento de Salamanca entró en el registro de la Audiencia Nacional el mismo día que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados en la Guerra Civil.

En un plazo de dos semanas, el Constitucional tiene que decidir si decreta la suspensión cautelar de dicha norma hasta que haya una sentencia, medida que fue solicitada por la Junta de Castilla y León en su recurso.

Después, el Constitucional deberá analizar el fondo de la cuestión y determinar a quién da la razón, una vez escuchadas las partes.

La Junta de Castilla y León sostiene que la ley reguladora de la devolución de los legajos vulnera lo estipulado por la Constitución, que establece el deber del Estado de proteger los bienes patrimonio de todos los españoles.