Azpiazu recurrió el auto alegando que los hechos habían prescrito y que, en todo caso, como no tiene bienes gananciales con su esposa, sólo podrían embargarle el 50 por ciento de la cristalería que tiene junto a su mujer, justo debajo de la vivienda de la viuda de Baglietto.

En el auto, dictado hoy, los magistrados afirman sin embargo que desde que se dictó la sentencia firme contra Azpiazu (23 de diciembre de 1981) se produjeron varios actos que interrumpieron el plazo de 15 años para la prescripción de la responsabilidad civil que se le reclama por el asesinato de Baglietto.

En cuanto a si lo que debe embargarse es la totalidad o sólo el 50 por ciento de los bienes, los magistrados señalan que es una cuestión que ha de resolverse a la vista de la inscripción registral.

En el auto confirmado hoy, los magistrados ordenaron una investigación exhaustiva sobre la propiedad de Azpiazu y de Juan Ignacio Zuazolazigorraga, también condenado por el asesinato de Baglietto.

Los magistrados libraron un oficio a la Agencia Estatal Tributaria, a las Agencias tributarias forales y a Tráfico para que acrediten los bienes que tienen a su nombre estos dos condenados por el asesinato de Baglietto.

La Sala tomó esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida entonces por Eduardo Fungairiño, que pidió el embargo de los bienes de Azpiazu y de Zuazolazigorraga para hiciesen frente a la responsabilidad civil a la que fueron condenados.

Azpiazu y Zuazolazigorraga se declararon insolventes, por lo que nunca pagaron la indemnización a la que fueron condenados por la muerte de Baglietto.

Sin embargo, Azpiazu abrió una cristalería en los bajos del inmueble en el que vive la viuda de la víctima, Pilar Elías; mientras que Zuazolazigorraga tiene, al parecer, un restaurante en Tolosa.