La decisión de confirmar la sentencia dictada el pasado 10 de julio por el juez José Luis Castro contra Roura y Stern se produjo tras una apretada votación en la que diez magistrados del Pleno votaron a favor de mantener la condena y seis magistrados votaron en contra.

Con esta decisión, los magistrados confirman el criterio aplicado por el juez Castro que consideró que, al quemar el retrato de los Monarcas, Roura y Stern incurrieron en un delito de injurias contra la Corona.

Entre los que votaron en contra de mantener la sentencia se encuentra el magistrado Alfonso Guevara, que había sido nombrado ponente de la resolución del recurso presentado por la defensa de Roura y Stern contra su condena y que, debido a su oposición, tuvo que ser sustituido por el presidente de la Sala de lo Penal, el juez Javier Gómez Bermúdez.

De hecho, el magistrado Guevara anunció que emitirá un voto particular discrepante con la resolución mayoritaria del Pleno de la Sala de lo Penal.

En concreto, Roura y Stern, durante una manifestación independentista celebrada el 13 de septiembre de 2007 en Gerona con motivo de la visita de los Reyes a ciudad, colocaron en el centro de la plaza del Ayuntamiento varias fotografías de don Juan Carlos y doña Sofía, algunas de ellas boca abajo, las rociaron con gasolina y les prendieron fuego con antorchas mientras eran jaleados por la muchedumbre.

Roura y Stern tuvieron que ser juzgados en dos ocasiones, ya que la Sala de lo Penal decidió anular la primera vista celebrada contra ellos porque el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, nos les permitió hablar en catalán.

La semana pasada, el propio juez Vázquez Honrubia decidió absolver a los 16 independentistas catalanes que estaban acusados de un delito de injurias graves contra la Corona por haber quemado varias fotografías de los Reyes en una manifestación celebrada en Gerona y que fue convocada precisamente en solidaridad con Roura y Stenr.

El magistrado tomó esta decisión después de que el fiscal encargado del caso, Luis Barroso, decidiera modificar su petición inicial y solicitar para los acusados una multa de 500 euros por una falta leve de perturbación del orden público.

En su escrito de acusación, el representante del Ministerio Público había solicitado para los 16 independentistas una multa de 3.600 euros al acusarles de un delito de injurias graves a la corona, pero con la modificación el magistrado se vio forzado a absolverlos.