De esta manera, la Sala rechaza el recurso presentado por la defnsa de Jesús Gil contra el auto por el que García Castellón decretó la administración judicial del Atlético de Madrid, así como el embargo de las acciones del club rojiblanco, entre otras medidas.

En un auto hecho público hoy, la Sala de lo Penal asegura que, "al margen de las especulaciones más o menos interesadas que sobre las verdaderas intenciones" del juez instructor del "caso Atlético" se han difundido, lo cierto es que a los magistrados no les cabe duda alguna de la legalidad de la medida acordda.

En este sentido, señala que la administración judicial del Atlético de Madrid "responde a fines perfectamente legítimos" y no viola la Constitución ni de la legalidad vigente. "No adolece de ninguno de los defectos que le son achacados por los recurrentes", señala el auto.

Los magistrados señalan que el juez García Castellón ha optado por una medida alternativa a la prisión preventiva de los imputados al decretar la administración judicial del club rojiblanco.

Las acusaciones del "caso Gl" sostienen que la administración judicial del Atlético de Madrid es una medida "justa, proporcionada y constitucional".

Por su parte, la defensa de Gil considera que la administración judicial decretada por García-Castellón viola tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Civil. A su juicio, el juez debió fijar unas fianzas y embargar los bienes de los imputados en caso de no pagarlas, procedimiento que no se ha seguido.

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