En una sentencia hecha pública hoy, la sala afirma que Parot y otras personas decidieron ese año colocar tres cochs-bombas en Madrid, uno de ellos en las proximidades de la Dirección General de la Guardia Civil.

Para ello, trasladaron a Madrid tres vehículos, dos de ellos cargados con explosivos, que dejaron aparcados en una zona de la capital hasta que el 16 de mayo Parot recogió uno de los coches. En él se trasladó hasta la Ciudad Universitaria, donde le colocó la carga explosiva.

Esta, que fue situada en el maletero, estaba compuesta por unos 20 kilos de amonal con un explosivo multiplicador y un temporizdor mecánico preparado para activar la carga a las 5,25 horas del día 17 de mayo, lo que ocurrió una vez que el vehículo fue estacionado en las inmediaciones de la sede de la Benemérita.

La explosión alcanzó de lleno a un vehículo que se encontraba en esos momentos parado en un semáforo cercano, provocando la muerte en el acto de Carmen Pascual, de 80 años, y heridas a Luis María Villarraso, María de los Angeles Ibáñez Pascual y María del Carmen Fernández. Además, la deflagración causó numerosos dañosen los edificios y automóviles de las inmediaciones.

Según el tribunal, "resulta obvio que, mediante la colocación del coche-bomba dispuesto para explotar a determinada hora en las proximidades de la Dirección General de la Guardia Civil, el acusado Parot pretendía el fin inmediato de causar cuantos más daños materiales y humanos posibles, con la intención final de la causación de alarma pública en consonancia con los fines de subvertir el orden constitucional instituido que perseguía la organización errorista con la que estaba relacionado".