Este pleno no jurisdiccional, que se celebrará en varias sesiones semanales, tratará de unificar criterios para casos similares, que deberán ser aplicados por las distintas secciones de la Sala de lo Penal, así como por los juzgados centrales de instrucción, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ha avalado las tesis de Rigoberta Menchú, así como del sindicato CCOO y de otras asociaciones, para que España investigue los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986.

La sentencia del Constitucional afirma que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

El fallo del Constitucional anula la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de no asumir la competencia de investigar estos hechos y la del Tribunal Supremo de limitar la investigación a las víctimas españolas.