Según la querella, España ha incumplido la carta de Naciones Unidas, que obliga a los estados descolonizadores a permanecer como potencias administradoras en los territorios ocupados.

Los hechos que provocaron la denuncia se produjeron en 1991, cuando un avión fletado por la itada asociación, con 200 personas a bordo y procedente de Madrid, pretendía aterrizar en la zona de El Aiun y tuvo que desviarse a Gran Canaria al ser amenazado por el Gobierno marroquí con derribar el aparato si intentaba tomar tierra.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella por entender que el Estado español se apartó de sus responsabilidades al poner en peligro la vida de 200 de sus ciudadanos, dejándolos desprotegidos ante Marruecos.

Carmelo Ramírez señaló que si la sentenciafuese favorable a su asociación, España debería revisar todos los tratados de pesca firmados entre la Unión Europea y Marruecos que afectan al banco canario sahariano.