Según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, se trata de establecer cómo repercutirían los criterios establecidos por el Constitucional a la hora de investigar casos, no sólo de genocidio, sino, por ejemplo, de torturas, terrorismo internacional o de lesa humanidad.

Así, una de las líneas de trabajo versará sobre lo que, según el Tribunal Constitucional, son los criterios que marca el Convenio sobre Genocidio a la hora de establecer quién es competente para investigar un caso de estas características.

Así, la competencia correspondería primero al país donde se cometieron los hechos, después a la Corte Penal Internacional o al tribunal internacional correspondiente (por ejemplo, el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional para Ruanda) y, por último, a la Audiencia Nacional.

El Tribunal Constitucional ha establecido que las investigaciones judiciales sobre genocidio no pueden limitarse a los casos en los que las víctimas sean españolas. Sobre este aspecto también se ha abierto una línea de trabajo.

Además, se ha encargado un análisis en cuanto a los países que, como España, contemplan en su legislación el principio de justicia universal y que, por lo tanto, también puede investigar casos de genocidio o similares.

Otro trabajo se centrará en el acceso a la jurisdicción española, con el fin de establecer quién y cómo puede presentar un caso de jurisdicción internacional en España.

Además, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido encargar a los magistrados Fermín Echarri y Ricardo Rodríguez, que han aterrizado hace poco en este tribunal, un estudio técnico-jurídico sobre las repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que el Pleno se reunirá la próxima semana para continuar los trabajos iniciados hoy y añadieron que no necesariamente deberá salir un acuerdo de esa cita.

La sentencia del Tribunal Constitucional, sobre cuya aplicación trabaja ahora la Audiencia Nacional, ha avalado las tesis de Rigoberta Menchú, así como del sindicato CCOO y de otras asociaciones, para que España investigue los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986.

La sentencia del Constitucional afirma que el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales.

El fallo del Constitucional anula la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de no asumir la competencia de investigar estos hechos y la del Tribunal Supremo de limitar la investigación a las víctimas españolas.