El auto de la Audiencia Provincial estima los recursos que presentaron el Ayuntamiento de Santa Liestra y San Quilez y el Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 38 de archivar la querella interpuesta contra los ex altos cargos del Minsterio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En este sentido, pide al citado Juzgado que continúe con el proceso judicial para que las partes puedan presentar los escritos de acusación y de defensa y se dé paso a la apertura del juicio oral.

El Ayuntamiento de Santa Liestra y San Quilez se querelló contra Benigno Blanco como autor de la resolución ministerial de 26 de mayo de 1997 cuando ocupaba la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, qe supuso la aprobación del proyecto.

Asimismo, se querelló contra Carlos Manuel Escartín, ex director general de Obras Hidráulicas; José María Vizcaino, jefe del Area de Inspección de Presas de la misma dirección general; José Ramón González Lastra, ex director general de Información y Evaluación Ambiental; Francisco Fiteni, jefe de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro; Miguel Zueco, ingeniero director del proyecto del embalse; Tomás Angel Sancho, ex presidente de la Confederción Hidrográfica del Ebro, e Iñigo Barahona, co-autor del citado proyecto.

La Audiencia Provincial de Madrid coincide con el querellante en que el proyecto de la presa de Santa Liestra se aprobó sin realizar los sondeos y estudios geológicos y geotécnicos necesarios para la construcción de una infraestructura de estas características.

El auto de este tribunal estima que no debió prescindirse de estos informes, "porque entendemos que es elemental hacer esos estudios de terreno para construir una resa", ya que de lo contrario el propio tribunal cree que se pueden generar "unos riesgos para personas y bienes".

Por este motivo, considera que no se debe archivar la querella y que, por el contrario, es necesario concretar los hechos y las personas a los que se dirige la acusación, "dado que lo actuado nos permite apreciar la existencia de indicios de criminalidad".

El auto de la Audiencia Provincial dice textualmente . "Dicho que el proyecto aprobado incurría en irregularidades tales que permten hablar, aunque sea a nivel indiciario, de un delito de prevaricación, desde el momento que esas irregularidades están relacionadas con la inexistencia de sondeos y estudios geológicos y geotécnicos, la realización de la obra pudiera haber supuesto un riesgo para personas o bienes, máxime cuando otros informes obrantes en la causa, por no referirnos exclusivamente al elaborado en diciembre de 1995 por el Area de Tecnología y Control de Estructura, hablan de las deficiencias de dicho proyecto en ese punt".