Fuentes jurídicas explicaron a Servimedia que la Sección Cuarta de la Audiencia da la razón así a la juez Teresa Palacios, instructora de la causa, que apostó por mantener la investigación por el método del procedimiento abreviado al apreciar indicios de delito de administración desleal en la actuación de los imputados.

A partir de esta decisión de la Audiencia, las partes personadas en la causa deberá formular escrito de acusación, en el que soliciten la apertura del juicio oral o el archivo definitivo de la causa.

El caso investiga la presunta comisión de delito en el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex copresidente y ex vicepresidente del SCH, respetivamente, tras su salida del Banco Santander Central Hispano (BSCH).

La Fiscalía insiste en que no hay delito y las defensa en que los acuerdos de pago fueron legales y ajustados a lo previsto en los estatutos del banco.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional en el año 2002, cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los ccionistas por la dotación especial destinada a la jubilación de Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

A esta querella se sumó la denuncia presentada posteriormente por Rafael Pérez Escolar, quien, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los nversores.