El fiscal, Jesús Alonso, pide para el acusado una pena de 16 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, como responsable de un delito de estragos terroristas.

El repesentante del Ministerio Público sostiene que Garrido y otras personas cuya identidad y número se desconoce rompieron en agosto de 2000 la cristalera de la sucursal del BBVA de la calle Askatasuna de la mencionada localidad vizcaína y le prendieron fuego con gasolina.

La Fiscalía asegura que la quema del local puso en peligro la vida de las personas que residían sobre la sucursal bancaria, que debieron abandonar sus hogares a consecuencia del incendio.