Según la acusación de las autoridades mejicanas, José Luis G.G., hijo de españoles y nacido en México D.F., trabajaba desde 1994 en la empresa Global Casa de Cambio S.A. de C.V., de cuyo Consejo de Administración formó parte hasta que fue nombrado presidente y director de dicha sociedad.

El reclamado "ofreció los servicios de la casa de cambios a numerosas personas yentidades que tenían que hacer pagos en dólares a proveedores norteamericanos", según consta en el auto. "Los clientes acudían a la casa de cambio con la divisa mejicana y José Luis G.G. se comprometía a hacer llegar al proveedor norteamericano, en los EE.UU. de América, el equivalente en dólares, o bien entregaba a los clientes cheques en dólares norteamericanos".

Sin embargo, en diciembre de 1995, los clientes descubrieron que, "o bien los proveedores norteamericanos no habían recibido la transferenia de la casa de cambios Global", o que los cheques que les había dado no tenían fondos.

De esta forma, y mediante diversas operaciones, el reclamado se hizo con un total de 1.739.465.499 pesetas. Tras ser denunciado, se instaló en España, cuya nacionalidad le fue otorgada el 27 de febrero de 1996, sin que renunciase a la mejicana.

Para la Audiencia Nacional, aunque no deja de ser "sospechosa" la fecha en la que adquirió nuestra nacionalidad, lo cierto es que no puede afirmarse que el reclamado l hiciese para evitar ser extraditado a México, dado que estaba casado con una española desde 1985 y que no renunció a la de su país natal.

Por lo demás, la Audiencia Nacional considera que se dan todos los requisitos legales para que José Luis G.G. sea extraditado a México por los presuntos delitos de asociación delictuosa (ilícita en España) y fraude genérico (equivalente en nuestra legislación a la estafa continuada).

Para los magistrados, "no es de recibo la ligereza con que la parte (defensor del reclamado) critica el sistema policial, judicial y penitenciario mexicano, y mucho menos se acredita tan peyorativa opinión".