De esta manera, el magistrado declara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denuncia que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó recientemente contra Air Madrid, en la persona de su administrador José Luis Carrillo.

El juez ha tomado esta decisión con el apoyo de la Fiscalía, que ayer informó a favor de que la Audiencia Nacional se hiciese cargo del caso y propuso al magistrado que practicara una serie de diligencias.

Así, el juez, a petición del fiscal, ordena al Ministerio de Fomento que le remita copia del expediente abierto a Air Madrid y copia de las reclamaciones existentes contra la compañía aérea.

El magistrado Del Olmo también ordena, como le propuso el Ministerio Fiscal, que se identifique al jefe de marketing de Air Madrid.

Pero además de las diligencias propuestas por el Ministerio Público, Juan Del Olmo ha acordado que se remita oficio al órgano competente para que le informe de cuántos billetes ha vendido Air Madrid desde el 1 de diciembre de 2006 hasta la hoy. El juez está especialmente interesado en "la fecha prevista del vuelo".

Asimismo, el magistrado pide a la Asociación de Agencias de Viaje, a la que también solicitará la información anterior, que "conserve cuanta información documental escrita o en soporte informático tenga con relación a los citados billetes e identificación de usuarios de los mismos, así como medio de pago usado por los adquirientes".

ACUSACIÓN POPULAR

Por otra parte, el juez Del Olmo ha pedido al fiscal que le diga si, en su opinión procede admitir a la OCU como acusación popular.

La OCU ha sido la que ha denunciado ante la Audiencia Nacional la venta de billetes por parte de Air Madrid "con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", según recogió ayer la Fiscalía en un informe en el que se mostró partidaria de que la Audiencia Nacional investigara el caso.

Según la denuncia apoyada por el Ministerio Público, la compañía aérea ha "organizado cancelaciones de vuelo en todo el mundo, resultando perjudicados una generalidad de personas".

No sólo eso sino que además ha causado "un grave perjuicio a los consumidores al seguir ofreciendo sus servicios mediante alegaciones y afirmaciones presuntamente falsas y sin posibilidad de cumplir los compromisos con la venta de los billetes".

Será más adelante cuando la Audiencia Nacional valore la procedencia de citar en calidad de imputados o testigos a las personas que resulten identificadas en los informes solicitados.

El caso ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuya responsable era Teresa Palacios y que hasta el próximo mes de enero no tendrá un nuevo titular.

Hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida quién va a ser el sucesor de Teresa Palacios, el juez Del Olmo será el encargado de tramitar las causas que lleguen al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.