De esta forma, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso planteado por el Banco Santander, apoyado tanto por la Fiscalía como por el abogado del Estado, contra la decisión de la juez Palacios de continuar con la invstigación.

El Santander sostenía en su recurso que no tuvo ninguna responsabilidad en este caso; que no conoció ni controló las decisiones de los clientes de declarar o no a Hacienda los rendimientos de sus inversiones, ni menos aún sobre la procedencia de las cantidades invertidas; y que las cesiones de crédito eran una productos financieros absolutamente lícitos ofertados durante años en el mercado por las más importantes financieras de España.

Asismismo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, ya solicitó en diversas ocasiones el sobreseimiento del caso, pero la juez instructora denegó todas las solicitudes en este sentido.

Fungairiño siempre ha sostenido que no existen indicios razonables de que se hayan cometido los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude que se investigan en este caso. Además, considera que las personas imputadas en este sumario aparecen exentas de responsabilidad criminal.

Por estas razones, apoyadas también por el abogado dl Estado, Fungairiño es partidario del sobreseimiento libre del caso y de que la juez se inhiba a favor de los juzgados de instrucción competentes para aquellas partes de la investigación relativas a una "presunta defraudación tributaria".

Por el momento, el caso continuará siendo instruido por la juez Palacios, quien investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el Banco Santander y más de 200 clientes en losaños 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasiones y esto tuvo repercusión fiscal, "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".

La investigación judicial se inició en abril de 1992, a raíz de una denuncia del Ministerio de Economía y Hacienda, que no pudo comprobar la existencia real de cerca de 3.000 titulares de las 44.000 operaciones de cesiones de crédito efecuadas por el Banco Santander en el periodo antes citado. La Administración valoró entonces en 400.000 millones de pesetas el volumen de las operaciones y estimó que al menos el 40 por ciento de ese dinero era "negro".