En la votación celebrada hoy, de los once fiscales que integran el Consejo, sólo dos se opusieron a la medida disciplinaria.

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, que en rueda de prensa informó hoy de la decisión del Consejo Fiscal, afirmó que, aunque los asuntos en la Fiscalía de la Audiencia "se llevaban bien, había problemas, no obstante, de funcionamiento entre ellos (sus miembros)"

Las diferencias que sostenía Aranda en los últimos meses con algunos fiscales bajo su responsabilidad, sobre todo los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado (unida sentimentalmente al juez Gómez de Liaño), fueron el desencadenante de toda la situación actual.

El propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, llegó a admitir en los medios que con estos fiscales mantenía un enfrentamiento permanente.

Ortiz Urculo rehusó explicar las causas objetivas que le condueron a proponer la remoción de José Aranda, alegando que se trata de materia reservada y que debe informar primero al Gobierno.

No obstante, insistió una y otra vez en que la razón básica tenía que ver con la falta de autoridad suficiente para controlar dicha situación. "Mi postura ha sido la de velar por el buen funcionamiento del Ministerio Fiscal y su imparcialidad", indicó.

Asimismo aseguró desconocer cuál será el próximo destino del fiscal removido, a pesar de que se ha barajado la posibilidd de que ocupe la fiscalía especial anti-droga.

Por otra parte, Ortiz Urculo quiso aclarar que en la reunión anterior del Consejo Fiscal, celebrada a finales del año pasado, no se acordó rechazar la remoción de Aranda, sino que se decidió, por el contrario, aplazar una decisión final a la espera de obtener más información al respecto.

En este sentido, el fiscal general del Estado subrayó que las causas que motivaron en su momento la medida disciplinaria contra Aranda fueron las mismas que se expuieron hoy en la reunión del Consejo Fiscal.

Respecto del resto de expedientes abiertos contra los fiscales Gordillo, Márquez de Prado, Rubira y Eduardo Fungairiño, por diversas irregularidades, el fiscal general señaló que no hay novedades y que sus casos siguen siendo objeto de estudio, aunque agregó que se están abordando con la "máxima urgencia".