Los magistrados consideran que Casasús y Caprile son responsables de un delito de apropiación indebida, no de estafa, con la circunstancia muy cualificada de especial gravedad, atendiendo al importe de la cantidad objeto de apropiación. Ambos condenados deberán indemnizar a Huarte con 14,3 millones de dólares.

Según la investigación judicial, Huarte sufrió, entre otras operaciones, el traspaso de deudas por parte de su principal accionista, la sociedad Hispano Alemana de Construcciones S.A. (Hasa), controlada precisamente por Mario Caprile y Joaquín Casasús.

Como consecuencia de esa y otras operaciones, la constructora se vió obligada a presentar un expediente de suspensión de pagos con una deuda, a 31 de diciembre de 1996, de 25.989 millones de pesetas.