En un auto conocido este viernes, el magistrado dirige el procedimiento, iniciado a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia, contra José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’; Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguire, ‘Anboto’, por delitos de secuestro terrorista y asesinato terrorista. El juez también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Seis toma esta decisión una vez recibido el informe de la Guardia Civil encargado por el juzgado con el fin de determinar los miembros del Comité ejecutivo de ETA (ZUBA) y su posible participación en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua.

De acuerdo con dicho informe, señala García Castellón, los investigados, pese a no ser los ejecutores materiales, tuvieron “una participación en comisión por omisión, atendida la posición de dominio que ostentaba el órgano ejecutivo de la organización terrorista con capacidad real durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, para poder detenerlo, pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado”.

“ESTRATEGIA DE DESESTABILIZACIÓN”

El juez, que ya que fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia político-militar orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.

Entre 1993 y 1994, el nuevo Comité ejecutivo planificó y puso en marcha la denominada “estrategia de desestabilización”, que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos de ETA, así como la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532, días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real.

De ese nuevo Comité Ejecutivo, apunta el escrito, formaban parte los tres responsables de la banda terrorista ahora investigados.

“PRIORIDAD ABSOLUTA”

En 1997 y en el marco de esa “estrategia de desestabilización”, la dirección de ETA, su Comité Ejecutivo, dice el juez, decidió la comisión de acciones terroristas contra miembros del PP, que ejercía labores de Gobierno en España, utilizando un nuevo procedimiento: el secuestro de un militante de dicha formación bajo la amenaza del asesinato si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas.

Ese año, asegura el auto, “el secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta para la dirección de ETA, acción que había que realizar precisamente en el verano y “lo antes posible”. Así consta en los propios documentos emanados de dirigentes de la organización terrorista, en este caso comunicaciones orgánicas manuscritas por el responsable de los comandos ‘ilegales’ de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, dirigidas a unos de sus comandos, el llamado ‘Bizkaia’.

“La víctima de esta acción, Miguel Ángel Blanco en su calidad de miembro del citado partido político, se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del 'comando Donosti', sino de toda la organización terrorista, a través del Comité Ejecutivo de la misma, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política.

Las comunicaciones orgánicas dirigidas en esas fechas por el responsable del “Aparato militar” de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri',, a otro comando de “liberados” de la organización terrorista, el 'comando Bizkaia', así lo pusieron de manifiesto”, indica.

PUDIERON EVITARLO

El magistrado destaca que en la dirección de la banda criminal se decidían, planificaban, dirigían y autorizaban las acciones terroristas que cometían los comandos de acción de ETA. Por este motivo, es improbable que un atentado como el perpetrado contra el concejal del PP fuese realizado por un comando sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA, su Comité Ejecutivo.

En este sentido, expone el auto, del análisis de los documentos sobre la banda aprehendidos y del estudio de su estructuración y funcionamiento interno, puede concluirse “que los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en el momento en que se produjo el secuestro del concejal del PP pudieron haber evitado su asesinato”.

Según el juez, los miembros del Comité Ejecutivo de ETA ya señalados ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al ‘comando Donosti’ la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad.