El fiscal delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera en sus conclusiones provisionales que los hechos constituyen un delito electoral tipificado en el artículo 142 de la ley orgánica 5/1985, por el que pide penas de seis meses de prisión menor, seis años de inhabilitación y una multa de 100.000 pesetas para cada uno de los encausados.

La defensa, por su parte, reclama la libre absolución de los procesados, a los que exculpa. Entre otros argumentos, defiende que Francisco Hernando, que velaba porla limpieza del proceso electoral, se ausentó de la mesa para asistir a un concierto del grupo burgalés "Trovadores de Castilla", siendo sustituido por la apoderada de su partido. Asimismo, recalca que la presidencia de la mesa electoral descontó su voto cuando supo que había votado en otro colegio electoral.

Las supuestas irregularidades fueron apreciadas por la Junta Electoral de Burgos y los representantes de los grupos políticos durante el recuento de votos realizados en las últimas elecciones locles y autonómicas.