Según consta en la sentencia, fechada el 24 de diciembre, "no se puede dar por probada la participación delictiva de Alvaro Juan Arri Pascual, de la forma en que la describen las acusaciones, en los hechos enjuiciados".

Las pruebas contra Arri Pascual consistían en una declaración policial del terrorista Mikel Azurmendi Peñagaricano que le implicaban en el asesinato, en una bolsa con material informático que hacía referencia a la bomba-lapa utilizada en el atentado contra el teniente Peralta y que se le incautó en el momento de su detención, y en una huella suya encontrada en un manual informático.

En cuantoal testimonio de Azurmendi, los magistrados apuntan que las declaraciones que éste hizo ante la policía fueron rectificadas por el mismo terrorista en una comparecencia voluntaria ante el juez.

En dicha comparecencia, reconoció su participación en los hechos pero excluyó de forma expresa a Arri Pascual, extremo que ratificó en el juicio celebrado por el asesinato del teniente Peralta

En cuanto al material informático incautado a Arri Pascual, los jueces señalan que no se ha podido probar que supiera lo que contenía. Añaden que el tribunal "sólo tiene un conocimiento puramente circunstancial, referencial y sumamente incompleto (insuficiente)" de una comisión rogatoria librada a Francia por la Audiencia Nacional para conocer tal extremo.

LA HUELLA

Los magistrados se refieren también a la huella dactilar de Arri Pascual en el manual de instalación del programa informático "Claris", con el que, según la acusación, se habría llevado a cabo las informaciones contenidas en los disquetes incautados.

"La sala tampoco en este caso dispone de elementos para pronunciarse fundadamente al respecto, ya que dichos elementos fundamentales para cualquier valoración no le fueron aportados como prueba por quien tenía la obligacion legal de hacerlo", lamentan los magistrados.

En el juicio, Arri Pascual negó su participación en los hechos y lo único que admitió fue que estuvo alojado durante tres o cuatro días en un piso y que traía y llevaba paquetes.

También dijo que no confeccionó disquetes, porque no tenía conocimientos de informática y que si aparecían huellas en el folleto de instalación de "Claris" sería porque lo habría mirado por curiosidad, ya que le interesaba la informática.

PETICION FISCAL

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado del caso, solicitaba que Alvaro Juan Arri fuera condenado a un total de 30 años de prisión por un delito de atentado con resultado de muerte.

Fungairiño consideraba probado que Juan Arri Pascual y Mikel Azurmendi Peñagaricano, ambos integrantes del denominado "comando Madrid", fabricaron una bomba-lapa para colocarla en los bajos del coche del teniente Miguel Peralta.

Así, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ambos terroristas, que ya habían obtenido información sobre las costumbres y el domicilio del citado militar, colocaron la bomba en el asiento del conductor del vehículo del teniente.

Según Fungairiño, fue Arri quien se encargó de depositar el artefacto explosivo, mientras que Mikel Azurmendi le espera en un automóvil que previamente había sido sustraído por ETA.

Ese mismo día, el teniente se introdujo en su vehículo y tomó la Nacional V. En el kilómetro 6 se produjo la explosión, que acabó de forma inmediata con la vida del militar: tenía esposa y cuatro hijos.