Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Anticorrupción encargado del aso, Carlos Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil y Gil debía al Atlético de Madrid 2.700.000.000 pesetas y para saldar la deuda él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores.

Se trata de Limamou Mbengue, Bernardo Matías Djana, Maximiliano de Oliveria y Abass Muyiwa Lawal. De éstos, sólo el último podría responder a la categoría de jugador profesional, dado que fue ncorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998, donde permaneció en la temporada 98-99.

Los demás supuestos jugadores eran en realidad, según sostiene el auto de García-Castellón, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matías Djana) y un joven brasileño (Maximiliano de Oliveira).

Todos ellos fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó 290 millones por Limamou Mbngue, 350 millones por Bernardo Matías Djana, 1.100 por Maximiliano de Oliveria y 1.000 por Abass Muyiwa Lawal.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, así como contra otras seis personas más, a quienes acusa de un presunto delito de estafa de más de 4.000 millones de pesetas.

Entre los acusados por este departamento se encuentran, adeás del propio alcalde de Marbella, el hijo de éste, Miguel Angel Gil Marín, el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y Enrique Cerezo, socio mayoritario junto a Jesús Gil del Atlético de Madrid S.A.D.