Jesús Gil y su mujer declararon hoy ante la juez Teresa Palacios (sustituta del instructor del "caso Atlético", Manuel García-Castellón, mientras éste está de baja) sobre un presunto delito de alzamiento de bienes.

Siempre según las mismas fuentes, la juez quiere saber qué acciones poseen Jesús Gil y su esposa de la sociedad La Alhambra,con el fin de determinar qué títulos del Atlético de Madrid tienen cada uno de ellos, dado que la inmobiliaria "tiene como único objeto social la propiedad y la tenencia del 85% del total de las acciones" del club rojiblanco.

En su declaración ante la juez, Gil aseguró que ni él ni su mujer han cometido el presunto delito de alzamiento de bienes que se les imputa, porque la sociedad La Alhambra se constituyó en 1987, fue traspasada a su familia en el 95 y las capitulaciones para que el matrimonio comezara a regirse por bienes gananciales comenzaron a tramitarse en enero de 1999, 6 meses antes de que el fiscal anticorrupción Carlos Castresana interpusiera la querella contra él ante la Audiencia Nacional.

Para Gil, de las acciones de La Alhambra, y en consecuencia del Atlético de Madrid, propiedad de su familia sólo pueden embargarse el 50 por ciento, puesto que la otra mitad corresponde, en virtud de las capitulaciones matrimoniales, a su esposa.

Tanto Gil como su mujer señalaron a la juez queno existen acciones de La Alhambra, puesto que aún no se han emitido, y que sólo consta la escritura de constitución de la sociedad. Ante tal argumento, Palacios ha ordenado a la única administradora de la inmobiliaria (la esposa de Gil) que emita los títulos correspondientes.

CAPITULACION MATRIMONIAL

El pasado 4 de febrero, Palacios dictó un auto en el que sostiene que, un mes después de que el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, presentara ante la Audiencia Nacional la querella contra Gil, éte otorgó "junto con su esposa María Angeles Marín Cobo capitulaciones matrimoniales ante el notario [...], pasando a regirse el matrimonio por el régimen de separación de bienes".

Según la juez, en junio del año pasado, Gil y su esposa celebraron junta general extraordinaria universal de accionistas de la sociedad Promotora Inmobiliaria La Alhambra, de la que el ex presidente del Atlético de Madrid era el administrador único.

Palacios añade también que, en esa reunión, se acordó "por unanimidad esar al administrador único (Jesús Gil y Gil) nombrándose en su lugar como administradora única a su esposa".

El auto relata que, tras una operación realizada en 1995, la promotora La Alhambra "tiene como único objeto social la propiedad y tenencia del 85 por ciento del total de las acciones del Club Atlético de Madrid", las cuales pasan a ser administradas por la mujer de Gil tras la junta general anterioremente explicada.

Para Teresa Palacios, los hechos descritos podrían llevar a "hacer ilusioias" las medidas cautelares adoptadas por el instructor del caso contra Jesús Gil.

Asimismo, "dado lo ambiguo y exiguo de las cláusulas de las capitulaciones otorgadas", la situación podría derivar "en la atribución a uno u otro cónyuge respectivamente, en función de las circunstancias del momento procesal, de una parte del haber ganancial ahora separado".

ALZAMIENTO DE BIENES Y DELITO CONTRA HACIENDA

Para la juez Palacios, los hechos descritos pueden ser constitutivos de un delito de alzamient de bienes y otro contra la Hacienda Pública, por lo que prohibió a Gil y a su mujer disponer de las acciones de La Alhambra y de las del Atlético de Madrid.

Palacios, que sustituye al instructor del "caso Atlético", Manuel García-Castellón (de baja por una lesión de cervicales), ha tomado estas decisiones a petición del fiscal Castresana.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis peronas más, a quienes acusa de haber cometido un presunto fraude de 9.427 millones de pesetas.

El juez instructor del "caso Atlético" imputa a Jesús Gil, a su hijo Miguel Angel y al ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo, entre otros, los delitos continuados de estafa, apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios.