Castresana también solicitó la misma medida cautelar para el Miguel Angel Gil Marín y para Enrique Cerezo, ex vicepresidente del Atlético de Madrid, aunque la fianza que pide pra cada uno de ellos es de 100 millones de pesetas.

El fiscal considera que hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de que Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y el ex vicepresidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo reincidan en los delitos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manual García-Castellón, instructor del caso.

Sin embargo, la defensa considera que no existe ningún delito en los hechos que investiga García-Castellón y que, de haberlo, está prescrito, siempre según lasmismas fuentes.

El abogado de Jesús Gil y de su hijo Miguel Angel, Horacio Oliva, presentó hoy ante el juez el "Boletín Oficial del Estado" (BOE) del pasado 8 de enero, en el que se publica la Ley de Enjuiciamiento Civil, una de cuyas disposiciones transitorias deroga decretos como el que sirvió a García-Castellón para intervenir judicialmente el Atlético de Madrid.

Para Oliva, aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil publicada en el BOE no entra en vigor hasta el 2001, lo cierto es que la normativaempleada por García-Castellón para intervenir el Atlético de Madrid queda derogada, por lo que la intervención judicial del club rojiblanco debe ser anulada.

Sin embargo, el fiscal y el abogado de la acusación particular, Juan Carlos Riera, no comparten esta tesis. Concretamente, Castresana considera que la administración judicial está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que no hay por qué anular la medida tomada sobre el Atlético de Madrid.

En este sentido, Castresana consideraque tampoco hay un vacío legal, porque hasta que entre en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, hay normativa para aplicar medidas como la administración judicial de empresas.

Por otra parte, la acusación particular, ejercida por Juan Carlos Riera, argumentó que no era necesario tomar más medidas cautelares contra Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y Enrique Cerezo, dado que ya se han embargado las acciones del Atlético de Madrid y el club está siendo administrado judicialmente.

No obstante, clificó de "precipitada" la celebración de la vista de hoy para decidir las medidas cautelares que se deben tomar contra los tres imputados mencionados, por considerar que antes debieron realizarse otras pruebas testificales y documentales.

Según las mismas fuentes, el juez García-Castellón no tomará una decisión sobre Jesús Gil, su hijo Miguel Angel y Enrique Cerezo hasta mañana, como pronto.

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fisalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más.

El juez investiga los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios cometidos por Jesús Gil y Gil y otros administradores del club. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 9.427 millones de pesetas el presunto fraude cometido.

JUGADORES FANTASMA

Por otra parte, está previsto que el próximo 27 de enero el juez tome declaración como testigos a los cuatro extranjers que presuntamente fueron fichados por el Atlético de Madrid como jugadores profesionales, cuando en realidad no lo eran.

Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil y Gil debía al Atlético de Madrid 2.700.000.000 pesetas y para saldar la deuda él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores.

Se trata de Limamou Mbngue, Bernardo Matías Djana, Maximiliano de Oliveria y Abass Muyiwa Lawal. De éstos, sólo el último podría responder a la categoría de jugador profesional, dado que fue incorporado como suplente al Atlético de Madrid B en 1998, donde permaneció en la temporada 98-99.

Los demás supuestos jugadores eran en realidad, según sostiene el auto de García-Castellón, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matías Djana) y un joven brasileño (Maximliano de Oliveira).

Todos ellos fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó 290 millones por Limamou Mbengue, 350 millones por Bernardo Matías Djana, 1.100 por Maximiliano de Oliveria y 1.000 por Abass Muyiwa Lawal.