ATENTADO. FRAGA APUNTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL GOBIERNO CENTRAL INTERVENGA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PAIS VASCO

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente de la Xunta de Galicia, Mauel Fraga, apuntó hoy la posibilidad de una intervención directa del Gobierno central para garantizar la seguridad en el País Vasco y señaló que esa es una eventualidad prevista en la Constitución.

En declaraciones a Antena 3 Televisión, Fraga dijo que "cuando un Gobierno autonómico no puede cumplir todas sus funciones, está previsto la posible intervención del Gobierno nacional, previo dictamen favorable del Senado. Ese es el último remedio, Pero hay que saber que está en la Constitución".

Fragahacía referencia así al artículo 155 de la Constitución, que dice textualmente: "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligacioines que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente graemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá aprobar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligciones o para la protección del mencionado interés general".

El punto 2 de este mismo artículo añade que "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Fraga lamentó profundamente el asesinato del concejal José Ignacio Iruretagoyena y dijo que "la actual situación de orden público tiene que ser mejorada si se quiere mantener el equilibrio político previsto por la Constitución, por el Etatuto y por los principios básicos democráticos. Hay que hacer algo porque esto así no puede seguir".

Añadió que el hecho de que la sucesión de actos vandálicos en el País Vasco en los primeros días del año no haya provocado detenciones "indica que algo falla. Eso hay que decirlo".

Expresó su indignación ante la indefensión que sufren algunos miembros del PP en el País Vasco y señaló que "es evidente que éste es un problema de Estado. Cuando se plantea una situación indefinida de inseguridad par un grupo social importante, representativo y políticamente creciente, hay que buscar una solución".

A su juicio, "hay que hcer algo porque lo que es evidente es que así no se puede seguir. Mayor Oreja y Atutxa se tienen que reunir inmediatamente y buscar una solución, porque hay base legal para ello".

(SERVIMEDIA)
09 Ene 1998
M