El portavoz de ANPU, Florentino Díez, señaló a Servimedia que la víctima "debería haber tenido escolta, independientemente de que hubiera ocurrido lo mismo, ya que el crimense cometió en su despacho, o de que la hubiera rechazado en el supuesto de que se la hubieran ofrecido".

No obstante, hizo extensivo su criterio de dotar de escolta policial al resto de miembros del Consejo de Estado y, en su conjunto, a quienes han representado o representan altos cargos en la judicatura española.

Aunque indicó que "lo que no se puede es mantener en la actualidad al cuerpo policial con un déficit de 5.000 hombres", haciendo suyas las propias palabras del director general de la Plicía, Angel Olivares, "ello no debería impedir", a su juicio, "que se garantizase la seguridad de altas personalidades".

Calificó de "barbaridad" el que se ponga escolta "al amigo de turno" y al resto no, y citó los ejemplos del ex ministro de Interior José Luis Corcuera o el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que disponen de 20 y 8 escoltas, respectivamente.

ANPU ha reiterado la necesidad de "modificar 180 grados" la actual política contra el terrorismo y achacó al ministro de Justiia e Interior, Juan Alberto Belloch, y al Gobierno vasco la descoordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Al mismo tiempo, recusó los últimos nombramientos de responsables de la Policía, de los que aseguró "no tienen ni idea de la lucha antiterrorista".