Los socialistas han pactado este debate un total de tres resoluciones con Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Coalición Canaria (CC) y una de ellas se refiere a la dependencia. Las otras dos a justicia e I+D+I.

Los cuatro grupos han consensuado un texto, que será votado el próximo martes en el pleno de la Cámara Baja, en el que emplazan al Gobierno a poner en marcha cuatro iniciativas.

Entre ellas destaca una que plantea que, una vez concluido el proceso de negociación con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los municipios, se presente un proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Otra medida es la creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para la elaboración de un estudio sobre la viabilidad económica de una renta básica universal.

Las cuatro formaciones sugieren además que el Ejecutivoprofundice en el proceso de negociación con los agentes sociales sobre el sistema de atención a la dependencia "en el marco de la declaración para el diálogo social sobre competitividad, empleo estable y cohesión social".

Por último, piden que se establezca que la cobertura de las prestaciones y servicios destinados a las personas en situación de dependencia, en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, y en su caso de las corporaciones locales, podrá acordarse a través de la concertación de planes en los que la Administración General del Estado impulse la red de servicios destinados a la atención de las personas dependientes.

Este impulso se realizará sobre la base de una nueva ley en la que se reconozca el acceso a un catálogo de prestaciones y servicios a todas las personas dependientes.

En el preámbulo de la resolución se dice que la atención de las necesidades de las personas dependientes "se ha convertido en una demanda social relevante, tal como vienen expresando las asociaciones de afectados, representantes de mayores y representantes de personas con discapacidad, y también en un reto para las políticas públicas".

UN GRAN PACTO

Por su lado, el PP ha presentado una proposición para impulsar un gran acuerdo sobre la dependencia con las fuerzas políticas, comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales y asociaciones representativas del sector, que permita sacar adelante una ley consensuada para la protección de las personas dependientes.

El principal partido de la oposición quiere que esa ley de la dependencia recoja principios fundamentales como equidad territorial, coordinación institucional, calidad de las prestaciones y libertad de elección por parte de los usuarios.

Según el PP, debe crearse un sistema nacional de protección y atención con identidad propia, "similar al Sistema Nacional de Salud, pero no diluido en el Sistema de Seguridad Social".

La resolución plantea como necesaria la participación de los agentes sociales, representantes de personas mayores, del sector de la discapacidad, de las asociaciones de pacientes, de los sectores profesionales y del voluntariado.

Por último, el texto defiende que se cree un fondo para la dependencia dotado con 1.000 millones de euros, para hacer frente a las situaciones más graves hasta la entrada en vigor íntegra de una ley de dependencia.

CiU también presentó otra propuesta referida a dependencia. En ella se insta al Ejcutivo a presentar "de manera urgente" un proyecto de ley de garantía de la autonomía de las personas con dependencia y de apoyo a sus familias.

El texto insta al Ejecutivo a elaborar una norma "que respete las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de sanidad y asistencia social".