Esta medida, según explicó en rueda de prensa Juan Hernández Vigueras, coordinador de ATTAC, figura en el documento de propuestas que entregarán mañana al secretario de Estado de Economía, en su calidad de presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, David Vegara, que irá acompañado de un manifiesto contra los paraísos fiscales avalado por cerca de 4.000 firmas de personalidades del arte y la cultura.

ATTAC critica la escasa actividad de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y reclama también que esta comisón desarrolle una campaña de divulgación pública de las medidas de todo tipo previstas para el antiblanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo, con el fin de concienciar e incentivar la colaboración de los ciudadanos.

Tambien pide que la reforma fiscal anunciada por el Gobierno incluya medidas eficaces que neutralicen y anulen la incidencia negativa de los paraísos fiscales. Además, ATTAC pide al Ejecutivo una "honesta política de transparencia pública ", informando puntualmente a la ciudadanía de las decisiones de los organismos internacionales y las posiciones de España en la toma de decisiones sobre estas materias.

Según Hernández Vigueras, la operación "Ballena Blanca" de Marbella ha demostrado la complejidad y magnitud de todos estos temas relativos al blanqueo de capitales. Sobre el caso de Marbella, José María Peláez, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que participó en la rueda de prensa como invitado, dijo que la investigación judicial y tributaria ha permitido descubrirlo y apuntó que en esta línea deben trabajar los inspectores de Hacienda.

VOLUNTAD POLITICA

Hernández Vigueras y Peláez coincidieron en que la lucha contra el blanqueo de dinero y los paraísos fiscales es una cuestión de voluntad política y que no se hace porque de alguna manera se piensa que estos movimientos de capitales están detrás del motor y del crecimiento de la economía mundial, según el responsable de ATTAC.

Para Peláez, existen medios para combatir los paraísos fiscales, como aislarlos financieramente, pero "no interesa realmente acabar con ellos". A su juicio, el problema de origen está en el Tratado de la Comunidad Europea, que prohíbe todas las restricciones a movimientos de capitales, con escasas excepciones. "Los paraísos fiscales tienen en jaque al resto del mundo porque el resto del mundo lo quiere así", afirmó.

Peláez recordó que los estudios sitúan el fraude o economía sumergida en el 20-25% del PIB en España, y dijo que gran parte corresponde al sector inmobiliario. Mostró su decepción con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal del Gobierno, y dijo que si no se dota de más medios y de medidas normativas sólo será uno más de los muchos planes aprobados en los últimos años. También abogó porque los inspectores se centren en la inspección y no en las comprobaciones de declaraciones.