Esta asociación denunció el carácter comercial de la campaña, que contó con el apoyo de la Consejería de Sanidad de Murcia, y dirigió una pregunta de iniciativa popular a la Asamblea Regional, al entender que se vulneraban principios constitucionales "al someter alos supuestos futuros enfermos a un tratamiento preventivo", que por los resultados de los estudios científicos publicados hasta ahora, no pasa de ser un ensayo clínico del que debería informarse a las personas sometidas al mismo.

La Mesa de la Cámara no ha admitido a trámite la segunda parte de la pregunta (ensayo clínico), por entender que, a pesar de estar implicada la Consejería de Sanidad, la citada campaña se enmarca en la esfera de actuación privada de una Corporación de Derecho Público (el Colgio de Farmacéuticos).

Sin embargo, ha aceptado, como pregunta de iniciativa popular, la solicitud de información pública sobre el alcance de dicha campaña en lo que se refiere al posible incremento de la prescripción y consumo de determinados fármacos.