Así lo confirmaron hoy en Toledo la ministra del departamento, Cristina Alberdi, y el presidenteregional, José Bono, quienes participaron en la inauguración de un seminario sobre nuevas políticas contra la exclusión social y en el que participan expertos de la UE.

El acuerdo alcanzado por ambas administraciones supondrá que Castilla-La Mancha recibirá unos 1.500 empleados públicos y más de 9.000 millones de pesetas.

La ministra expresó su satisfacción por culminar este proceso de transferencias de los servicios sociales que, a su juicio, "suponen el cumplimiento de los compromisos del Gobieno de traspasar este año las competencias del Inserso".

Una vez traspasado el Inserso a Castilla-La Mancha, tan sólo les queda por transferir a esta comunidad autónoma 6 de las 28 competencias que la región debe recibir como consecuencia del pacto autonómico firmado entre la Administración central, el PSOE y el PP.