Mogín opina qu "estamos en una crisis de mucho calado, en la que se responsabiliza, yo creo que en un grado excesivo, lo que comporta el Estado del bienestar social". "Está claro que tenemos que cambiar", añadió, "tenemos que ir hacia otro tipo de política".

Madrileña, de 40 años y economista de formación, el curriculum profesional de Mogín gira en torno a la Administración del Estado, ya que además de ser técnico de la administración civil (TAC), ha desempeñado con anterioridad el cargo de directora general de la unción Pública.

Ahora, Cristina Alberdi, ministra de Asuntos Sociales, le ha encargado que administre los dineros que dan los contribuyentes para "otros fines sociales" en la declaración de la renta, coordine y financie junto con las comunidades autónomas y ayuntamientos las prestaciones sociales y supervise la labor de las organizaciones tuteladas por el Estado (Cruz Roja y ONCE), así como las fundaciones de carácter social que la nueva ley pretende impulsar.

REVISAR CUENTAS

Mogín ha llegado ala dirección general con ganas de revisar cuentas y proponer planes contables, como el diseñado para las fundaciones de carácter social, que ofrece "como un producto informático estandarizado para que puedan realizar su gestión".

Su departamento acaba de concluir el estudio de las actividades desarrolladas por las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que fueron financiadas con el 0,5 por ciento del IRPF en 1989-90. "Ahora se proseguirá con la revisión de cuentas de los próximos años", anunció, porue hasta ahora no se había comprobado si los programas sociales que han sido subvencionados se han cumplido.

Su intención es modificar los criterios establecidos para adjudicar las subvenciones a las ONGs, pero antes los consultará con éstas, ya que próximamente las ha convocado a un consejo consultivo que aspira a ser interlocutor de la Administración en los asuntos que les afectan.

"Modificaremos criterios frente a los anteriores, dando muchísima importancia a las ONGs que las soliciten de su areditada experiencia en el trabajo social y en su capacidad para movilizar recursos humanos del voluntariado, porque el voluntariado es otra de nuestras líneas estratégicas", señaló.

Además, el marco geográfico de acción de las ONGs también se tendrá en cuenta, ya que, según afirmó, en el Ministerio de Asuntos Sociales "nos parece importante apoyar a ONGs que tienen cierta dimensión, porque aquéllas que trabajan sobre un ámbito muy local entendemos que es una responsabilidad de otras administraciones úblicas, ya que el 0,52 por ciento trata de apoyar a aquéllas ONGs que generan un mayor impacto social en todo el territorio".

"NO SE PUEDEN DESMANTELAR LOS GASTOS SOCIALES"

Mogín, que elabora y aprueba junto con las comunidades autónomas y corporaciones locales los programas y servicios sociales, se refirió también a la crisis del Estado del bienestar: "Estamos en una crisis de mucho calado, en la que no cabe plantear como única alternativa el desmantelamiento de los gastos sociales".

En su opnión, "vivimos una crisis económica en la cual no sólo están en discusión las políticas sociales, sino mucho más. El contexto económico está poniendo sobre la mesa un cambio más que una crisis coyuntural".

Su planteamiento es que "tenemos que cambiar, hay que ir hacia otro tipo de política, todos somos conscientes de que hay que abordar otro escenario y que todo lo que ha comportado y caracterizado el Estado de bienestar va haber que ajustarlo. Pero ese replanteamiento debe darse no sólo en políticas ociales, también en política fiscal, monetaria y otras".

Sin embargo, insistió en que una cosa es repensar lo que exige el nuevo contexto económico "y otra muy distinta considerar que el único responsable de lo que está pasando es la componente de gastos sociales y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es cercenar únicamente los gastos sociales. Ahí hay un salto en el vacío, en el cual discrepo, porque ese no es el diagnóstico de la situación".

MINUSVALIDOS, SEGUNDO SECTOR MAS APOYADO POR EL IRPF En cuanto a la relación que su departamento mantiene con las dos organizaciones tuteladas por el Estado, la Cruz Roja y la ONCE, Mogín explicó que difieren según el caso.

"En el caso de la ONCE existe un decreto por el cual se establece el Consejo de Protectorado y se definen cuáles son esas funciones en relación con la organización, que fundamentalmente se refieren a la fijación de la política comercial en relación con el cupón, y ahí se fijan cuáles son los límites del volumen de ventas que pued hacer, como de los criterios o de la fórmula que emplea para poder llegar a ese techo de ventas".

Añadió que el acuerdo del Consejo de Ministros que estableció los topes de venta del cupón de la ONCE recogió que "en la medida que tiene la posibilidad de obtener recursos por esta vía, tiene también la obligación de destinar una parte importante de los fondos que obtiene de la venta del cupón, con lo que hay un retorno de la fundación al sector de los minusválidos".

Esto quiere decir, añadió, que hay un compromiso de que no sólamente la ONCE haga programas sociales que reviertan sobre sus propios afiliados, sino también en todo el sector de minusválidos que están representados en la Fundación ONCE y que, a través de ese mecanismo, tienen acceso a unos programas muy importantes, ya que el sector minusválido es el segundo más apoyado por el IRPF".

TUTELA DE CRUZ ROJA

Respecto a la tutela de la Cruz Roja, Mogín informó que "hay una labor más sostenida, que tiene un tratamiento totalmente distino. Además, la Cruz Roja se financia en gran parte por el 0,52 por ciento del IRPF, por lo que hay una labor de tutela, protectorado y apoyo financiero".

"La Cruz Roja", dijo, "está obligada a dos cuestiones: primero, tiene todo un sistema de auditorías, que realiza ella y que presenta al Comité Nacional, donde estamos representados, y está en el plan de auditorías de la Intervención General del Estado".

Mogín opina que Asuntos Sociales puede tener "un determinado porcentaje" de responsabilidad enla enajenación del patrimonio de Cruz Roja, que en 1991 fue objeto de polémica por la permuta de un edificio que poseía en un céntrico barrio madrileño.

"En estos momentos cualquier enajenación del patrimonio de esta organización tienen que comunicárnosla. Nosotros tenemos conocimiento, autorizamos determinados actos, pero no somos los que definimos su estrategia", afirmó.