Asunción apuntó que los órganos judiciales de otras provincias españolas han considerado legales las medidas que se han aplicado a esos presos.

El secretario general de Asuntos Penitenciarios declaró como imputado en un delito de torturas sobre once presos que estuvieron ocho días esposados a las camas, sin cristales en las ventanas y que permancieron casi dos meses sin salir al patio. La investigación se abrió a raiz de la visita de la fiscalía a la prisión Sevilla 2 en octubre de 1991.

Al término de las declaraciones, Antoni Asunción anunció que las prisiones de Sevilla 1, Jerez y Huelva van a desaparecer en un plazo de cinco años.