Así consta en la carta difundida este miércoles por la asociación firmada por su presidenta, Patricia Suárez, y que va dirigida a Calviño y también al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo.

Suárez expone que el aval es “una medida adicional requerida por las entidades para una eventual situación de impago” y defiende que “el aval que se impone como exención para aplicar el Código de Buenas Prácticas no debería operar” si se busca “no dejar a las personas y familias en situación de precariedad económica por la subida del tipo”.

Apunta que la existencia de un avalista en la mayoría de los préstamos hipotecarios “podría ser uno de los motivos por el que el número de familias que se están acogiendo a estas medidas dista mucho de ser el calculado cuando se puso en marcha el mismo”.

La presidenta de la asociación asegura que “cada vez llegan más casos a Asufin que podrían asumir la hipoteca con alguna de las medidas establecidas” en el código, pero el banco deniega las solicitudes, “casi nunca por escrito, dando a entender que tiene que ser su aval el que arrime el hombro”. Resalta que el efecto de esta condición es “perverso en tanto que afecta no solo a la familia que está padeciendo tensionamiento económico sino al avalista que, probablemente, también este hipotecado”.

Por ello, propone a Calviño que tome “las medidas que sean necesarias” para aliviar la carga hipotecaria “en circunstancias extraordinarias como la actual”.

Justifica que el marco actual “introduce nuevas medidas temporales para paliar la tensión económica derivada de una situación sobrevenida sobre el propio producto financiero” y “no tanto por los cambios en la estructura económica del hipotecado”.