Esta aprobación aprovecha una sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoció la legalidad de una medida similar puesta en práctica por la Generalitat de Cataluña, pese a ser recurrida por el Gobierno central.

Con esta norma, el Gobierno regional pretende avanzar en la normalización del uso de la lengua gallega en la Administración, que garantice el derecho de los ciudadanos al so del gallego en sus relaciones con la Xunta.

El proyecto de ley para exigir el uso del gallego en las pruebas para ingresar en la administración autonómica fue concensuado por los partidos mayoritarios, PP y PSOE, mientras que los grupos nacionalistas defendieron enmiendas para que la exigencia del uso del gallego fuera más radical.