De estas, indicó que cerca de 120.000 tienen parálisis cerebral y el resto tienen otras discapacidades que comparten las mismas necesidades de apoyo comunicativas. La delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación Aspace, Ángeles Blanco, citó estos datos en un seminario organizado por el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog) con el título ‘La comunicación efectiva en el ámbito de la justicia’. Blanco expuso las claves para hacer “una justicia más accesible”, donde todas las personas puedan entender y ser entendidas, expresó.

Durante su ponencia, Blanco explicó el proceso comunicativo y abordó la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que es el medio por el que una persona con necesidades de apoyo a la comunicación se expresa e interactúa en las diferentes situaciones sociales. También ahondó en las barreras comunicativas a las que se enfrentan las personas con discapacidad, según informaron desde Aspace.

En este contexto, la delegada aseguró que una de las herramientas para garantizar una justicia inclusiva es “contar con una persona facilitadora de la comunicación”, que apoye a las personas con discapacidad con necesidades comunicativas.

Dijo que esta persona debe ser una profesional de logopedia, con formación en Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación y cuya intervención sea imparcial. Asimismo, debería realizar “un informe y diseñar ajustes individualizados en función de las necesidades comunicativas de cada persona”, detalló Blanco. Así se garantizará la comunicación bidireccional con el órgano policial y judicial.

Además, hizo hincapié en que esta figura es “fundamental” en el acceso de las mujeres con discapacidad y necesidades de apoyo en la comunicación a los recursos de información y atención jurídica, social y psicológica para mujeres en situación de violencia que ofrecen los organismos públicos. “Solo así podrán denunciar a su agresor porque los canales de denuncia no son accesibles, como en el caso del 016”, resaltó.

La delegada recordó que las mujeres con estas necesidades de apoyo comunicativas son “más propensas a ser víctimas de violencia sexual por su situación de discapacidad y dependencia” y les posiciona como más vulnerables socialmente.